Chile y la Corrupción; de la Dictadura a la Democracia

De la dictadura a la democracia
Con el retorno a la democracia no se produce un retroceso en estos aspectos, sino una continuidad, que, como tantas actitudes sujetas a los hábitos, pasa ser natural con los años. Según señala Orellana, "los nuevos políticos que ocuparon los cargos directivos de la burocracia se adaptaron casi de inmediato a la estructura autoritaria vigente, especialmente porque asignaba a los jefes un rol destacado. En consecuencia, nadie rechazó las costumbres establecidas por los militares como los sobresueldos no declarados, el pluriempleo, las indemnizaciones a todo evento y la exaltación jerárquica, propia de la estructura militar".
Junto a esta adaptación ocurría otro fenómeno derivado de los cambios en la gestión política: "La ideología de la globalización impregnaba a la clase política civil y el materialismo y el exitismo se transformaban en valores vigentes. La teoría administrativa moderna exaltaba el rol del gerente público y justificaba que como agentes del desarrollo debían recibir altas remuneraciones".
El Instituto Libertad y Desarrollo, en su catastro de estas irregularidades, ha detectado durante el período democrático, entre 1989 y 2003, un total de 282 casos, de los cuales 169 corresponden a municipalidades, 37 a servicios públicos, 26 a empresas del Estado, 23 a ministerios, once a tribunales, diez a policías y fuerzas armadas, cuatro a gobiernos regionales y dos a otras reparticiones.
A partir de entonces, lo que tenemos es una seguidilla de casos de corrupción, algo que, con la excepción de la dictadura, nunca había ocurrido o se había registrado en la historia de Chile. A partir del retorno a la democracia lo que observamos -señala Orellana- es un deterioro ético, el que ha quedado en evidencia con las tesis de los gobiernos de Aylwin y Frei. Aylwin, que levanta la idea de la "justicia en la medida de lo posible", logra como resultado "establecer la impunidad a las violaciones de los derechos humanos y como subproducto, paralizar cualquier investigación en el plano de la corrupción que provoque reacciones similares. La receta es el olvido".
Frei amplificó estas políticas. "Su orientación pasó a ser claramente una real politik pragmática que culminó cuando ordenó al Consejo de Defensa del Estado que suspendiera las investigaciones sobre los cheques por tres millones de dólares de fondos del Ejército que Pinochet había pagado a su hijo". Pero avanzó en esta línea aún más.
"La ley de Probidad y Transparencia, dictada en ese gobierno, cambió los principios éticos vigentes en la administración pública y de una ética de principios se pasó a una ética relativista, lo que se destacó con la disposición que los funcionarios públicos pueden recibir regalos de los usuarios, lo que estaba taxativamente prohibido en la ley anterior. El resultado de esta política condujo al auge de la corrupción que se extendió por toda la administración pública, la que adquirió dimensiones incontrolables en el siguiente gobierno de Lagos".
Como señala Orellana, durante el actual gobierno la corrupción se ha generalizado. Los casos más graves muestran que se han instalado redes de corrupción que mueven millones de dólares y alcanzan a las altas esferas. Junto a esta estructura de redes, el autor detecta una "feudalización" de la administración pública. "Poco a poco los partidos de la Concertación empezaron a adquirir derechos sobre ciertos servicios públicos, y ellos quedaban a cargo de un partido determinado incluso cuando había cambios de presidentes. La feudalización se concentró especialmente en el Partido Demócrata Cristiano, que por ser el más importante y tener en sus filas a los dos primeros presidentes, pudo institucionalnalizar estas prácticas. Dicho partido ejerce el derecho a la dirección casi absoluta del Servicio de Aduanas, Indap, Enap, Corfo, Codelco, Esval, y otras".

La explicación de esta contradicción la entrega el profesor de la Universidad de Chile Patricio Orellana en su ensayo "Probidad y corrupción en Chile: el punto de quiebre", publicado en la revista Polis Nº 8 de la Universidad Bolivariana, en el cual señala a la hipocresía como rasgo nacional.